SOBRE EL ASUNTO RELATIVO AL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO CIVIL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA, EN RELACIÓN CON LA QUEJA DE LA CIUDADANA OLGA…

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 234 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ ИВАНЬКОВОЙ ОЛЬГИ…

Hechos del caso

1. La ciudadana O. K. Ivankova impugna la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia, según el cual la persona —ciudadana o persona jurídica— que no sea propietaria de un bien, pero que lo posea de buena fe, de forma pública e ininterrumpida, como propio, adquirirá la propiedad de dicho bien por usucapión (prescripción adquisitiva) si se trata de un bien inmueble, durante quince años, o de cualquier otro bien, durante cinco años, salvo que el presente artículo establezca un plazo o unas condiciones distintos para adquirirlo; la propiedad de los bienes inmuebles y de otros bienes sujetos a inscripción registral estatal adquiridos por una persona mediante usucapión nace en el momento de dicha inscripción.

1.1. Según se desprende de la documentación presentada, O.K. Ivankova es propietaria de un apartamento situado en un edificio de viviendas que perteneció a su padrastro, el ciudadano B., fallecido en 1991. Mediante sentencia del Tribunal Popular del distrito de Voroshílovski de la ciudad de Rostov del Don, de 20 de julio de 1993, el apartamento fue declarado bien vacante por falta de herederos (con arreglo a la legislación anteriormente vigente, las hijastras no eran llamadas a la sucesión). Sobre la base de dicha sentencia y de una carta de la autoridad tributaria, mediante resolución del jefe de la administración del mismo distrito, de 22 de julio de 1994, la empresa distrital de vivienda y servicios comunales incorporó la vivienda a su balance; a tal efecto, el 14 de diciembre de 1994 se expidió un certificado registral. Pese a que, por ministerio de la ley, el derecho de propiedad sobre el apartamento había pasado a una entidad pública, esta no adoptó medidas para desalojar a O.K. Ivankova ni para expulsarla del apartamento, que ella continuó utilizando. Para acreditar las circunstancias de su entrada legal en la vivienda y el cuidado que ha prestado a su mantenimiento, la demandante señala en su recurso que figura empadronada en el apartamento desde 1971, que desde 1998 asume los gastos de los servicios comunales y las cuotas de rehabilitación integral, y que participa en los órganos de gobierno del edificio de viviendas.

En 2022, O.K. Ivankova, una vez transcurridos más de 30 años desde el fallecimiento de B., interpuso una demanda contra la Administración de la ciudad de Rostov del Don, la administración del distrito de Voroshílovski de esa ciudad y la empresa de vivienda y servicios comunales de dicho distrito, solicitando que se reconociera su derecho de propiedad sobre el apartamento por adquisición por usucapión. Alegó que, tras el fallecimiento de B., había tomado posesión exclusiva de la vivienda, en la que previamente había sido admitida como miembro de la familia (hijastra de B.); que poseía el inmueble como propio, pública, de buena fe e ininterrumpidamente; y que, en ausencia de reclamaciones o pretensiones del propietario o de otras personas, cumplía las obligaciones del propietario y asumía los gastos de mantenimiento del inmueble.

Mediante sentencia del Tribunal de Distrito de Voroshílovski de la ciudad de Rostov del Don, de 7 de diciembre de 2022 (teniendo en cuenta el auto de corrección de error material dictado por el mismo tribunal), se desestimó la demanda. El tribunal, invocando, entre otras disposiciones, el artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia y las explicaciones contenidas en el tercer párrafo del apartado 15 de la Resolución n.º 10/22 del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia, de 29 de abril de 2010, «Sobre algunas cuestiones que surgen en la práctica judicial al resolver litigios relacionados con la protección del derecho de propiedad y otros derechos reales», concluyó que la posesión de O.K. Ivankova no había sido de buena fe, ya que sabía que carecía de fundamento para seguir utilizando el apartamento y adquirir el derecho de propiedad sobre este. El tribunal señaló que el poseedor de buena fe por usucapión se considera propietario del bien que posee efectivamente, lo cual no presupone que dicho bien tenga otro propietario; sin embargo, la demandante sabía que la vivienda objeto del litigio había sido declarada bien vacante mediante sentencia y era propiedad de una entidad pública.

Mediante resolución de apelación de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Regional de Rostov, de 30 de agosto de 2023, se confirmó la sentencia de primera instancia. El tribunal de apelación señaló que B. no había renunciado a su derecho en favor de la demandante o de su madre y concluyó que no se cumplía el criterio de poseer el bien «como propio». Asimismo, rechazó, por considerar que no se habían presentado pruebas suficientes, la alegación de la demandante de que el propietario no había mostrado interés en el inmueble objeto del litigio. Además, indicó que no se había probado la continuidad de la posesión del inmueble por O.K. Ivankova, pues el pago de los servicios comunales no acreditaba el uso permanente del inmueble litigioso, y que la demandante estaba registrada como residente en otro sujeto de la Federación de Rusia.

La Sala Judicial de lo Civil del Cuarto Tribunal de Casación de Jurisdicción General compartió las conclusiones de los tribunales de primera instancia y de apelación (auto de 28 de noviembre de 2023). El tribunal de casación señaló que O.K. Ivankova ejercía la posesión públicamente, pero sin el consentimiento expreso del propietario para que el apartamento pasara a ser de su propiedad; también indicó que la falta de interés del propietario y del titular que tenía el apartamento en su balance, así como su prolongada abstención —durante más de quince años— de ejercer la posesión y cumplir las obligaciones de mantenimiento del inmueble, no acreditaban que la demandante hubiera adquirido el derecho de propiedad sobre el apartamento por usucapión.

Mediante auto del juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, de 11 de junio de 2024, se denegó a O.K. Ivankova la remisión de su recurso de casación para su examen en una vista de la Sala Judicial de lo Civil de dicho tribunal; el vicepresidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia manifestó su conformidad con esa decisión (carta de 14 de marzo de 2025).

1.2. A juicio de O.K. Ivankova, el apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia es contrario a los artículos 1, 2, 15, 17 (apartado 3), 19, 35, 36, 45 y 46 de la Constitución de la Federación de Rusia, en la medida en que permite considerar que la existencia de un propietario público del apartamento que no manifiesta intención de ejercer sus facultades sobre este constituye un fundamento para denegar el reconocimiento de la buena fe de la posesión por usucapión de otra persona y un obstáculo para adquirir el derecho de propiedad por usucapión.

Así pues, habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 36, 74, 96 y 97 de la Ley Constitucional Federal «Sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia», el apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia es objeto de examen por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en el presente asunto en la medida en que, con fundamento en él, los tribunales evalúan la buena fe de un ciudadano que era miembro de la familia del propietario fallecido de un apartamento que, como bien vacante, pasó a ser propiedad de una entidad de derecho público, al resolver la cuestión de si dicho ciudadano adquirió la propiedad del apartamento por prescripción adquisitiva.

2. De conformidad con la Constitución de la Federación de Rusia y sus artículos 1, 8 (apartado 2), 18, 19 (apartados 1 y 2), 34 (apartado 1), 35 (apartados 1 y 2), 40 (apartado 1) y 55 (apartado 3), en la Federación de Rusia, como Estado de derecho, toda persona tiene derecho a ser propietaria de bienes, incluida una vivienda, y a poseerlos, utilizarlos y disponer de ellos a su arbitrio y en su propio interés, sobre la base de los principios de igualdad jurídica y justicia, de libertad de la actividad económica y de igual protección de las formas de propiedad privada, estatal, municipal y otras; asimismo, el derecho de propiedad, junto con los demás derechos y libertades de aplicación directa, determina el sentido, el contenido y la aplicación de las leyes, la actividad de los poderes legislativo y ejecutivo y de los órganos de autogobierno local, y está garantizado por la justicia.

El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia ha señalado reiteradamente que la propiedad, al ser la base material y la expresión económica de la libertad de la persona, no solo constituye una condición necesaria para el libre ejercicio de la actividad empresarial y de otras actividades económicas no prohibidas por la ley, sino que también garantiza el ejercicio de otros derechos y libertades y el cumplimiento de las obligaciones; el derecho de propiedad es un elemento necesario e importante del estatuto constitucional de la persona (sentencias de 14 de mayo de 2012, n.º 11-P; de 24 de marzo de 2015, n.º 5-P; de 26 de marzo de 2024, n.º 12-P, entre otras). En vista de ello, la creación y aplicación de mecanismos que legitimen a una persona como titular del derecho correspondiente constituye una tarea de relevancia constitucional. Esta conclusión se explica tanto por los principios de protección e inviolabilidad de la propiedad proclamados por la Constitución de la Federación de Rusia (artículo 8, apartado 2; artículo 35, apartados 1, 2 y 3), como por las exigencias de seguridad jurídica y de garantía de la estabilidad del tráfico civil, determinadas por los intereses jurídicamente relevantes de terceros.

El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia también ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad y la previsibilidad en el ámbito del tráfico civil, de mantener el nivel más alto posible de confianza mutua entre los sujetos de la actividad económica y de crear las condiciones necesarias para la protección efectiva del derecho de propiedad y de otros derechos patrimoniales garantizados por el artículo 35 de la Constitución de la Federación de Rusia (sentencias de 26 de abril de 2023, n.º 21-P; de 31 de octubre de 2024, n.º 49-P; de 28 de enero de 2025, n.º 3-P, entre otras). La seguridad jurídica presupone que los participantes en las relaciones jurídicas puedan prever, dentro de límites razonables, las consecuencias de su conducta y tener certeza de la estabilidad de su estatuto oficialmente reconocido, así como de los derechos y obligaciones adquiridos (sentencias del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 21 de enero de 2010, n.º 1-P; de 17 de octubre de 2017, n.º 24-P, entre otras). Sobre esta base se genera también la expectativa de que la normativa vigente refleje la situación fáctica que objetivamente se va configurando y tenga en cuenta la necesidad, de relevancia constitucional, de establecer en la ley y en su aplicación normas sobre derechos y obligaciones que creen las condiciones para alcanzar, en cada asunto concreto, un equilibrio entre los intereses de los participantes en las relaciones correspondientes; al mismo tiempo, las particularidades de la estructura del sistema de regulación del derecho civil presuponen que el sentido de cada norma se determine en relación con otras disposiciones jurídicas, sin dejar de reconocer la primacía de las disposiciones de la Constitución de la Federación de Rusia.

En el sentido de las posiciones jurídicas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia expresadas en la Sentencia de 26 de noviembre de 2020, n.º 48-P, lo expuesto se aplica también a las garantías de los intereses patrimoniales de quienes poseen un bien por prescripción. La exigencia de claridad en la regulación jurídica de las relaciones vinculadas al derecho de propiedad, que surgen, entre otros supuestos, en virtud de la prescripción adquisitiva, reviste especial importancia en relación con los derechos sobre viviendas, incluidos los apartamentos. Al garantizar el derecho a la vivienda y la prohibición de privar arbitrariamente a una persona de ella, la Constitución de la Federación de Rusia impone a los órganos del poder estatal y del autogobierno local la obligación de crear las condiciones para el ejercicio de este derecho, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia (sentencias de 25 de abril de 2023, n.º 20-P; de 23 de mayo de 2025, n.º 21-P, entre otras).

3. Diversas instituciones de derecho civil sirven al propósito de determinar quién está facultado para obtener las utilidades de un objeto del tráfico y disponer del derecho sobre este, así como para esperar que su interés respecto de dicho objeto sea protegido frente a las pretensiones de otras personas, incluidas aquellas que también tengan un interés jurídicamente protegido en poseer el mismo objeto. Entre ellas figuran, por ejemplo, la acción reivindicatoria (artículo 301 del Código Civil de la Federación de Rusia), la posibilidad de atribuir en propiedad una cosa indivisible a uno de los copropietarios que tenga un interés sustancial en su uso (apartado 36 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia, de 1 de julio de 1996, n.º 6/8, «Sobre algunas cuestiones relativas a la aplicación de la parte primera del Código Civil de la Federación de Rusia»), entre otras.

Para establecer el equilibrio buscado en la distribución justa de derechos y obligaciones, reviste también una importancia sustancial el factor temporal durante el cual el ordenamiento jurídico reconoce que el titular legitimado conserva su interés y garantiza su protección. Un estado de incertidumbre durante un período ilimitado es ajeno a la esencia de las relaciones jurídicas civiles, lo que explica, por ejemplo, que el legislador establezca plazos de prescripción, cuyo vencimiento no supondrá la pérdida del derecho cuya protección se solicita mediante la demanda, pero limitará las posibilidades de obtener su protección estatal, incluida la judicial. Esta regulación jurídica tiene por objeto crear certeza y estabilidad en los vínculos jurídicos entre los participantes en las relaciones jurídicas, inducirles a adoptar una actitud responsable respecto de los bienes que se encuentran bajo su control, así como respecto de los derechos e intereses legítimos de otras personas, y garantizar la protección oportuna de los derechos e intereses de los sujetos de dichas relaciones, puesto que la ausencia de límites temporales razonables para la protección forzosa de los derechos vulnerados daría lugar a la vulneración de los derechos e intereses legítimos de los demandados y menoscabaría la estabilidad del tráfico civil. La aplicación por el tribunal de la prescripción a solicitud de una de las partes en el litigio protege a los participantes en las relaciones jurídicas frente a reclamaciones injustificadamente prolongadas y, al mismo tiempo, les induce a ocuparse oportunamente del ejercicio y la protección de sus derechos. Esta posición también se ha reflejado en varias resoluciones de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia (de 1 de diciembre de 2020, n.º 18-КГ20-83-К4; de 1 de octubre de 2024, n.º 117-КГ24-8-К4, entre otras). El transcurso del tiempo crea, por tanto, las condiciones para que el legislador reconozca la admisibilidad de la transformación de una situación de hecho en una situación jurídica.

Si el propietario de una cosa deja transcurrir el plazo de prescripción para ejercitar una acción de recuperación de esa cosa de quien la posee ilegalmente, y el demandado (poseedor de hecho) invoca dicha prescripción, el propietario ya no dispone de mecanismos legales para recuperar forzosamente la posesión. Esta falta de correspondencia entre la situación de hecho y la situación jurídica podría prolongarse por tiempo indefinido, dificultando el uso del bien, la determinación de la persona responsable de garantizar su adecuado estado, de pagar los impuestos y otros pagos obligatorios, de sufragar los gastos y costes de su mantenimiento y conservación, y de participar en las asambleas de distintas comunidades de derecho civil, entre otras cuestiones.

3.1. El instituto de la usucapión sirve también para resolver las contradicciones que surgen al determinar qué persona concreta tiene un interés y derechos sobre el bien que deban protegerse cuando, durante cierto tiempo, varios participantes en el tráfico jurídico reclaman simultáneamente derechos sobre él. Como señaló el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en la Sentencia de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-П, su finalidad, constitucionalmente relevante, consiste en reincorporar el bien al tráfico civil, lo que comprende su mantenimiento adecuado, su conservación en condiciones seguras y el pago de impuestos, entre otros aspectos. Este aspecto se refleja también en la práctica de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, que señaló en sus resoluciones de 18 de julio de 2017 n.º 5-КГ17-76 y de 31 de julio de 2018 n.º 81-КГ18-15 que la adquisición del derecho de propiedad conforme al artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia tiene por objeto eliminar la incertidumbre sobre el régimen jurídico de una cosa que, durante un período prolongado, es poseída como propia no por su propietario, sino por otro poseedor de buena fe, sin que concurran los motivos previstos por la ley o el contrato para ello. Lo expuesto es igualmente válido en cuanto a la titularidad de una vivienda, máxime porque en este ámbito la necesidad de certeza se siente con especial intensidad tanto en el plano del derecho privado como en el del derecho público.

Además, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia ha señalado reiteradamente la especial relevancia constitucional del principio de respeto a la dignidad de la persona, que rige y es respaldado por el Estado en todos los ámbitos de las relaciones (sentencias de 16 de diciembre de 2014 n.º 33-П, de 8 de junio de 2015 n.º 14-П, de 19 de noviembre de 2024 n.º 53-П, entre otras). Conforme al sentido de la posición jurídica del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia expresada en la Sentencia de 25 de marzo de 2026 n.º 18-П, las garantías correspondientes se extienden también al ámbito de los derechos patrimoniales, incluidos los que surgen de la posesión prolongada de una vivienda.

3.2. El apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia prevé la posibilidad de adquirir el derecho de propiedad sobre una cosa no para cualquier persona que la posea durante el prolongado período establecido por la ley, sino únicamente para aquella cuya posesión cumpla criterios (requisitos) como la buena fe, el carácter público y la continuidad, así como la posesión del bien como propio. Sin embargo, la ley no define el contenido de estos criterios, que se determina en función de las circunstancias de hecho de cada caso concreto y teniendo en cuenta la interpretación que de ellos se ha desarrollado en la práctica de aplicación del derecho.

Así, con el fin de colmar el silencio del legislador, en el apartado 15 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia «Sobre algunas cuestiones que surgen en la práctica judicial al resolver litigios relacionados con la protección del derecho de propiedad y otros derechos reales» se formularon aclaraciones según las cuales, en particular, la posesión a título de dueño durante el plazo de prescripción es de buena fe si, al adquirir la posesión, la persona no sabía ni debía saber que carecía de fundamento para adquirir el derecho de propiedad. Sin embargo, el enfoque relativo al criterio de buena fe del poseedor a título de dueño durante el plazo de prescripción siguió evolucionando en la práctica del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. Así, en varias resoluciones dictadas en casos concretos se señaló que la posesión a título de dueño durante el plazo de prescripción es de buena fe si, al adquirir el bien, la persona no sabía ni debía saber que se apoderaba de él ilícitamente, es decir, en aquellos casos en que el bien se adquiere mediante actos que, en apariencia, son lícitos, pero en los que, por unas u otras circunstancias, no puede surgir el derecho de propiedad (resoluciones de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 28 de julio de 2015, n.º 41-КГ15-16; de 22 de octubre de 2019, n.º 4-КГ19-55; de 10 de marzo de 2020, n.º 84-КГ20-1; de 2 de junio de 2020, n.º 4-КГ20-16, entre otras). Por consiguiente, conforme a este enfoque, para reconocer la buena fe del poseedor no se requiere que este tuviera necesariamente motivos para considerarse propietario del bien; los tribunales también pueden reconocer su buena fe cuando el poseedor era consciente de que carecía de fundamento para adquirir el derecho de propiedad sobre el bien y de que este tenía propietario.

El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia ya señaló, en su Resolución de 26 de noviembre de 2020, n.º 48-П, la existencia y difusión de esta tendencia y, tras valorarla en relación con otras circunstancias que merecían atención, formuló la posición jurídica de que una interpretación de la buena fe de la posesión a título de dueño durante el plazo de prescripción que presuponga que, al adquirir la posesión, la persona debe considerarse propietaria del bien priva a quien lo posee durante largo tiempo como propio, lo cuida, sufraga los gastos de su conservación y, al hacerlo, no vulnera los derechos ni los intereses legítimos de otras personas, de la posibilidad de regularizar dicha posesión, y resulta contraria a los objetivos que subyacen al artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia. Otro enfoque impide que la institución de la prescripción adquisitiva alcance el objetivo de relevancia constitucional que le corresponde. Esta posición también quedó reflejada en la práctica posterior de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia (resoluciones de 26 de septiembre de 2023, n.º 127-КГ23-13-К4; de 28 de noviembre de 2023, n.º 127-КГ23-16-К4; de 14 de mayo de 2024, n.º 127-КГ24-1-К4; de 13 de mayo de 2025, n.º 49-КГ25-4-К6, entre otras).

Sin embargo, los materiales de que dispone el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia —incluidas las resoluciones judiciales dictadas en el asunto en el que participó O. K. Ivankova— ponen de manifiesto que en la práctica de aplicación del derecho están ampliamente extendidos tanto el enfoque del criterio de buena fe de la posesión a título de dueño durante el plazo de prescripción basado en las posiciones jurídicas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia expuestas en su Resolución de 26 de noviembre de 2020, n.º 48-П, y en las conclusiones concordantes de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia recogidas en las resoluciones dictadas en casos concretos, como el enfoque que se desprende del sentido literal del apartado 15 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia «Sobre algunas cuestiones que surgen en la práctica judicial al resolver litigios relacionados con la protección del derecho de propiedad y otros derechos reales». La coexistencia de enfoques distintos —en un contexto en el que las posiciones jurídicas citadas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia conservan su carácter obligatorio en todo el territorio de la Federación de Rusia para todos los órganos representativos, ejecutivos y judiciales del poder estatal, los órganos de autogobierno local, las empresas, instituciones y organizaciones, los funcionarios, los ciudadanos y sus asociaciones (artículo 6 de la Ley Constitucional Federal «Sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia»)— hace que, ante circunstancias fácticas similares, los tribunales dicten resoluciones directamente opuestas. Esta circunstancia pone de manifiesto la existencia de inseguridad jurídica, que crea condiciones propicias para la arbitrariedad y para un margen excesivamente amplio de discrecionalidad judicial, lo que indica la presencia de indicios de vulneración de los principios de igualdad y primacía de la ley, de las garantías de protección estatal —incluida la judicial— de los derechos, libertades e intereses legítimos de los ciudadanos y de sus expectativas legítimas.

Al mismo tiempo, como señaló el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, a la luz de los principios fundamentales de igualdad jurídica y justicia, de la supremacía y fuerza jurídica superior de la Constitución de la Federación de Rusia en el ordenamiento jurídico ruso (artículos 15 y 19 de la Constitución de la Federación de Rusia) y del criterio de seguridad jurídica que de ellos se deriva, las disposiciones legales que regulan las relaciones de propiedad y, en particular, las relaciones patrimoniales relativas a la adquisición del título de propiedad por acquisitive prescription deben cumplir los requisitos de claridad, precisión y coherencia, y su mecanismo de aplicación debe ser previsible y comprensible para los sujetos de las relaciones jurídicas, puesto que la legalidad constitucional, la igualdad de todos ante la ley y los tribunales y la igualdad de derechos solo pueden garantizarse si todos los órganos encargados de aplicar el derecho entienden y aplican de manera uniforme la norma jurídica (sentencias de 22 de junio de 2017 n.º 16-P, de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-P, entre otras). Esta posición adquiere especial relevancia respecto del criterio de buena fe, expresamente establecido por el legislador para la institución de la posesión apta para la acquisitive prescription, puesto que la reproducción por el legislador, en determinadas disposiciones, del principio constitucional y sectorial de carácter general que impone el deber de actuar de buena fe subraya adicionalmente la importancia de observar, en los casos pertinentes, el estándar de buena fe y pone de relieve las exigencias aplicables a la persona obligada, relacionadas con la consideración de los derechos e intereses legítimos de otras personas, con actuar con mayor diligencia y prudencia y con cuidar debidamente los bienes, entre otras (Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 7 de febrero de 2023 n.º 6-P). La importancia de aclarar el contenido de este concepto para la aplicación uniforme del derecho queda confirmada no solo por la disposición impugnada, sino también, por ejemplo, por el tercer párrafo del apartado 6 del artículo 81 del Código Civil de la Federación de Rusia, cuyo sentido es que, cuando se adquieren bienes inmuebles, la consulta de los datos del registro estatal hace presumir la buena fe, pero esta queda desvirtuada si se prueba judicialmente que el adquirente sabía o debía haber sabido que la persona de quien recibió los derechos sobre dichos bienes carecía del derecho a enajenarlos. Sin embargo, al establecer, en las circunstancias indicadas, la vía judicial para refutar tal presunción y condiciones especiales cuyo cumplimiento es necesario para que el ordenamiento jurídico considere válido el traspaso del título de propiedad, dicha disposición no excluye que la buena fe del adquirente se establezca sobre la base de otras pruebas, tanto en el momento en que obtuvo la posesión como posteriormente, ni que se reconozca el título de propiedad sobre los bienes —también con arreglo al artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia— aun cuando la persona de quien se adquirieron careciera del derecho a enajenarlos.

Cuando, al examinar un asunto concreto, un tribunal de jurisdicción general o un tribunal de arbitrazh (comercial) advierta indicios de que a las normas de un acto jurídico aplicables a dicho asunto les resulta aplicable una posición jurídica del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia formulada anteriormente respecto de esas mismas normas, en relación con su aplicación a relaciones similares o distintas, o respecto de normas análogas, y, por consiguiente, de que dichas normas deben interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, no puede dejar de tomar en consideración esta circunstancia (sentencias del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 26 de abril de 2016 n.º 13-P y de 13 de diciembre de 2022 n.º 54-P). De ello se desprende que, al resolver asuntos concretos e interpretar en ese proceso las normas pertinentes, los tribunales deben valorar la regulación jurídica de las relaciones comprendidas en su ámbito de aplicación atendiendo a su evolución, y teniendo en cuenta las resoluciones del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, incluidas aquellas en las que una norma legal examinada, que no ha sido declarada incompatible con la Constitución de la Federación de Rusia, es objeto de una interpretación constitucional. Lo anterior se aplica también a la Sentencia de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-P, relativa al examen, en el marco del control concreto de constitucionalidad de normas, de la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia, que contiene varias posiciones jurídicas de alcance general para la institución de la acquisitive prescription en su conjunto.

En consecuencia, los tribunales deben tener en cuenta estas posiciones al examinar asuntos concretos y, en caso de discrepancia, estas tienen carácter prioritario en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Constitucional Federal «Sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia». De otro modo, habida cuenta de que la interpretación constitucional de un acto normativo o de una disposición concreta de este, examinados en el marco de un procedimiento constitucional, permite determinar el sentido constitucional del derecho vigente a fin de excluir su aplicación en un sentido contrario a las normas constitucionales, se reduciría el nivel de garantías de la tutela judicial de los derechos y libertades de las personas y los ciudadanos.

Por consiguiente, el enfoque que vincula la mala fe en la posesión apta para la acquisitive prescription con el conocimiento del poseedor de que carece de fundamento para adquirir el título de propiedad sobre el bien por la vía ordinaria, y que no tiene en cuenta la posibilidad de considerar de buena fe al poseedor pese a concurrir dicha circunstancia, no satisface los requisitos expuestos en materia de interpretación uniforme de las normas jurídicas y de observancia de las posiciones jurídicas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia.

3.3. No obstante, debe tenerse en cuenta que en la conclusión sobre la buena fe en la posesión a título de dueño durante el plazo de prescripción pueden influir también otros factores, como las características del bien de que se trate, la reacción ante la conducta del propietario o de otra persona legitimada, la conducta del poseedor durante el plazo de posesión, entre otros. Así, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia señaló en la Sentencia de 25 de marzo de 2026 n.º 18-P que, al valorar la buena fe del poseedor de un bien, en determinados casos pueden ser relevantes las circunstancias en que se adquirió la posesión, en particular, el incumplimiento de las reglas establecidas por la ley para dicha adquisición. Difícilmente merece protección la posesión de hecho, con la perspectiva de su posterior transformación en derecho de propiedad por prescripción, que haya surgido como resultado de actos dolosos manifiestamente ilícitos para cualquier persona (por ejemplo, actos de corrupción, apropiación, violencia, falsificación de documentos, etc.), puesto que no es admisible obtener ventajas de una conducta que el ordenamiento jurídico desaprueba. En otros casos, el conocimiento por parte de los órganos competentes del poder público de la toma de posesión de bienes que les pertenecen (o de los indicios de dicha toma de posesión), unido a su inacción durante un período prolongado (especialmente si este supera los plazos legales de prescripción para exigir responsabilidad de derecho público al infractor), a efectos de recuperar los bienes y/o de exigir responsabilidad al infractor, puede permitir que el ciudadano dude de que la conducta concreta constituya una infracción, así como de su gravedad y relevancia para el interés público. Por ello, en tal situación, la infracción cometida al obtener la posesión del bien no excluye, por sí sola y de forma absoluta, el cumplimiento del requisito de buena fe a efectos de la posesión a título de dueño durante el plazo de prescripción.

Al mismo tiempo, si se conoce a la persona que es propietaria o que cuenta con fundamentos suficientes para que se le reconozca el derecho de propiedad, el principio de buena fe hace esperar del poseedor a título de dueño que tome la iniciativa y adopte medidas dirigidas a averiguar las pretensiones de dicha persona sobre el bien de que se trate. En cuanto a los bienes estatales o municipales, el principio de unidad del poder público presupone que este requisito se considera cumplido si el poseedor a título de dueño ha manifestado de forma clara e inequívoca su intención de poseer y utilizar un bien concreto ante cualquier órgano del poder público cuya competencia abarque distintos aspectos de la gestión de la propiedad pública.

La regulación de los supuestos de hallazgo de un bien que carece de propietario o cuyo propietario u otro titular del derecho se desconoce (artículos 227, 230 y 233 del Código Civil de la Federación de Rusia) tiene por objeto promover una conducta de buena fe —que se espera tanto de cualquier particular como de los órganos del poder público en todas las etapas de la evolución de las relaciones sociales, es decir, una conducta que tenga en cuenta los derechos e intereses legítimos de otras personas (artículo 17, apartado 3; artículo 75¹ de la Constitución de la Federación de Rusia, entre otros)—. En tal caso, la persona que encuentre un objeto de esas características está obligada a adoptar determinadas medidas para identificar a la persona legitimada. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia llamó la atención sobre ello en la Sentencia de 12 de enero de 2023 n.º 2-P y señaló, en relación con los supuestos de hallazgo de un bien perdido, que es necesario valorar no solo si el bien encontrado pasó lícitamente a la posesión de hecho, sino también si se realizaron actos (o se incurrió en omisiones) dirigidos a apropiarse ilícitamente del bien en beneficio propio o de otras personas no legitimadas. Ello se debe a que esa conducta adquiere carácter socialmente peligroso y constituye, en esencia, un acto complejo único dirigido al enriquecimiento injusto mediante actuaciones de mala fe respecto de un bien ajeno encontrado; la apropiación puede ser indicativa de una forma extrema de abuso de las facultades por parte de quien lo encontró.

En cuanto a los bienes sin dueño, el legislador ha establecido la posibilidad de adquirir su propiedad conforme a las reglas de la prescripción adquisitiva, es decir, únicamente una vez transcurrido un plazo determinado; además, respecto de los bienes inmuebles se prevén reglas especiales para adquirir su propiedad, incluso por el Estado o los municipios (artículo 225 del Código Civil de la Federación de Rusia).

3.4. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia señaló en la Sentencia de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-P que, en el marco de la institución de la prescripción adquisitiva, el equilibrio de intereses protegido por la ley se determina, en particular, teniendo en cuenta la posible pérdida de interés del propietario en conservar su derecho. A la luz de la práctica de aplicación del derecho, en dicha Sentencia se concluyó que, para adquirir el derecho de propiedad por prescripción adquisitiva, no es obligatorio que el propietario haya realizado actos activos que evidencien su renuncia a la propiedad o que la haya declarado (a diferencia de los requisitos impuestos al propietario por el artículo 236 del Código Civil de la Federación de Rusia). Basta con que el propietario se haya apartado durante un período prolongado de la posesión del bien, no muestre interés por este y no cumpla las obligaciones relativas a su conservación, como consecuencia de lo cual el bien haya quedado, de hecho, abandonado por su propietario.

Por regla general, el mero hecho de no ejercer los derechos no conlleva la extinción de estos (apartado 2 del artículo 9 del Código Civil de la Federación de Rusia). Sin embargo, en lo que respecta a los órganos del poder público, de conformidad con el sentido de las posiciones jurídicas expresadas por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en sus sentencias de 22 de junio de 2017, n.º 16-P; de 26 de mayo de 2025, n.º 22-P, entre otras, el menosprecio de las exigencias de razonabilidad y diligencia por parte de una entidad de derecho público, a través de sus órganos competentes, no debe afectar a los derechos patrimoniales ni extrapatrimoniales de los ciudadanos. Al resolver controversias sobre la titularidad de bienes, debe atribuirse especial importancia, entre otros aspectos, a la valoración de las acciones u omisiones del titular público, a través de los órganos autorizados a los que se ha encomendado la competencia para formalizar la titularidad de los bienes que le corresponden y disponer de ellos.

Así, ante la inactividad prolongada de los órganos del poder público (incluida la falta de adopción de medidas para identificar bienes sin dueño y bienes vacantes por falta de herederos, la desatención de las solicitudes del poseedor para que se adopten medidas encaminadas a identificar al titular de los bienes, la ausencia de intentos de desalojar al poseedor efectivo de una vivienda y de alojar en ella a personas necesitadas de vivienda, el incumplimiento de la obligación de sufragar los gastos de mantenimiento de la vivienda, la falta de participación en la gestión del edificio de viviendas, etc.), el ciudadano que haya entrado de buena fe en posesión de los bienes y los posea puede entender que el titular público ha perdido el interés en ellos y ha renunciado a sus derechos sobre los mismos. Tal interpretación, por parte del ciudadano, de las consecuencias de la conducta indicada del titular público está aún más justificada cuando se trata de viviendas.

Este enfoque se fundamenta, en particular, en la exigencia constitucional de buena fe, que, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, tiene carácter universal, es decir, resulta aplicable a la valoración de toda conducta de cualquier sujeto en cualquier tipo de relación jurídica (sentencias de 2 de julio de 2024, n.º 34-P; de 23 de mayo de 2025, n.º 21-P, entre otras); en la prohibición de ejercer los derechos y libertades de la persona y del ciudadano vulnerando los derechos y libertades de otras personas (artículo 17, apartado 3, de la Constitución de la Federación de Rusia); y, asimismo, se desprende de los fines de la actividad de los órganos del poder público establecidos en la Constitución de la Federación de Rusia y en las leyes dictadas en su desarrollo (en particular, los artículos 18 y 751 de la Constitución de la Federación de Rusia). El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia ha subrayado que las decisiones de los órganos del poder público deben contribuir a reforzar la confianza en que su actividad se desarrolla en interés tanto de la sociedad en su conjunto como de cada uno de sus miembros, lo que es plenamente aplicable a las garantías del ejercicio del derecho de propiedad (Sentencia de 26 de marzo de 2024, n.º 12-P), también en relación con la posesión a título de adquisición por prescripción (Sentencia de 25 de marzo de 2026, n.º 18-P).

Esta posición reviste especial importancia cuando nacen derechos de una entidad de derecho público sobre una vivienda como bien vacante por falta de herederos (vymorochnoe), lo que presupone el uso de las posibilidades organizativas y jurídicas puestas a disposición de los órganos competentes, incluidos los instrumentos de cooperación interadministrativa, para identificar tales bienes, registrar oportunamente el derecho de la entidad de derecho público sobre ellos y destinarlos al uso que les corresponde en el ejercicio de las competencias de los órganos del poder público del nivel que proceda; ello reviste aún mayor importancia cuando hay personas necesitadas —a menudo desde hace muchos años— de mejorar sus condiciones de vivienda, que esperan, por tal motivo, que los órganos del poder público adopten medidas activas para satisfacer su necesidad de vivienda.

Si la entidad de derecho público no adopta las medidas debidas para proteger su derecho patrimonial sobre una vivienda, incluidas las destinadas a desalojar a las personas a quienes el propietario, en vida, permitió utilizarla de hecho, pero que no tenían fundamento para recibirla como bien hereditario antes de que se reconociera como bien vacante por falta de herederos (como ocurrió en el asunto de la demandante), dichas personas, al seguir utilizando la vivienda sin fundamento jurídico y sin oposición del titular público, pueden considerarse las únicas interesadas y necesitadas de ella, es decir, pueden entender que el vínculo que mantenían con la vivienda no se ha extinguido y que, en cierta medida, es reconocido por el poder público. En tal situación, al valorar las perspectivas de que se reconozca el derecho de propiedad sobre la vivienda por adquisición por prescripción, el ciudadano puede guiarse por la conducta del titular público, que, junto con la concurrencia de las circunstancias (criterios) previstas en el apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia, puede generar en dicho ciudadano determinadas expectativas legítimas.

Cuando el propietario público de una vivienda permanece inactivo durante un período prolongado (incluso si el período de posesión supera considerablemente los quince años mencionados en el apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia), dichas expectativas no pueden considerarse arbitrarias ni injustificadas, puesto que el legislador, entre otras cosas, estableció la obligación de los órganos del poder público de llevar a cabo actuaciones para identificar a los titulares de derechos sobre bienes inmuebles, incluidos los bienes vacantes por falta de herederos (vymorochnoe imushchestvo), con el fin de decidir sobre su ulterior utilización (apartados 1 y 21 del artículo 69.1 de la Ley Federal de 13 de julio de 2015 n.º 218-FZ «Sobre el registro estatal de bienes inmuebles»). En la Sentencia de 22 de junio de 2017 n.º 16-P, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia señaló que la transmisión de los bienes vacantes por falta de herederos a la propiedad de una entidad de derecho público se produce con independencia de que se inscriba el derecho de propiedad y de que dicha entidad realice acto alguno encaminado a aceptar la herencia. Asimismo, observó que la obligación del propietario de soportar los gastos de mantenimiento de un bien inmueble presupone también la inscripción de su derecho, así como actuar con razonabilidad y diligencia al controlar dicho bien; la inactividad de una entidad de derecho público que, como participante en el tráfico civil, no haya formalizado en un plazo razonable su derecho de propiedad sobre un bien inmueble crea, en cierta medida, las condiciones para que lo pierda. Según se desprende del Auto del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 10 de junio de 2025 n.º 1530-O, la normativa vigente no impide a las entidades de derecho público controlar el estado del parque de viviendas en coordinación con los órganos y funcionarios competentes, en particular con arreglo a normas que regulen el procedimiento para identificar, contabilizar, formalizar y utilizar los bienes vacantes por falta de herederos, tanto a nivel de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia como a nivel municipal, ni proteger sus derechos vulnerados por actos u omisiones ilícitos de personas físicas y jurídicas dirigidos a ocultar dichos bienes.

La jurisprudencia también parte de la necesidad de que el propietario público adopte oportunamente medidas para proteger sus derechos sobre los bienes vacantes por falta de herederos que hayan pasado a su propiedad, incluidas las viviendas (por ejemplo, apartado 5 del Resumen de la práctica judicial del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia n.º 3 (2025), aprobado por el Presidium del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia el 8 de octubre de 2025). A su vez, la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia ha señalado reiteradamente la posibilidad de adquirir por prescripción el derecho de propiedad sobre bienes pertenecientes al dominio público (autos de 31 de julio de 2018 n.º 81-КГ18-15, de 10 de marzo de 2020 n.º 84-КГ20-1 y otros), y también ha indicado que, al valorar las pretensiones y objeciones de una entidad de derecho público relativas a bienes vacantes por falta de herederos o bienes sin dueño, deben tenerse en cuenta no solo sus derechos, sino también las obligaciones y facultades que le corresponden respecto de esos bienes (Auto de 20 de marzo de 2018 n.º 5-КГ18-3).

Por consiguiente, debe tenerse en cuenta la conducta de una entidad de derecho público con respecto a la vivienda que pasó a ser de su propiedad como bien vacante por falta de herederos, a fin de determinar si renunció a su derecho de propiedad sobre ella, incluso mediante una conducta que pueda razonablemente valorarse como una pérdida de interés en el bien. En caso de controversia sobre la titularidad de la vivienda, esta circunstancia puede tener relevancia jurídica también al valorar la conducta de la persona física respecto de dicha vivienda, en particular desde el punto de vista de su buena fe.

3.5. Como señaló el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en la Sentencia de 27 de mayo de 2024 n.º 25-P, la vivienda reúne las características tanto de un medio para satisfacer las necesidades habitacionales como de un recurso, por lo general de considerable valor patrimonial, destinado a satisfacer otras necesidades de la persona. A su vez, la residencia de una persona, de sus familiares o de personas cercanas en una vivienda, especialmente durante un período prolongado, puede generar un vínculo emocional con esta, cuya consideración puede ser relevante en el contexto del respeto de la dignidad de dichas personas. La necesidad de tenerlo en cuenta al aplicar el derecho aumenta, por ejemplo, cuando la persona utilizó la vivienda durante su crecimiento, al producirse acontecimientos vitales importantes, etc. La ruptura forzosa de esos vínculos, en circunstancias que se hayan mantenido durante un período prolongado y en las que la persona haya tenido en cuenta la actitud de otras personas, incluido el propietario, y no haya impedido a este ejercer oportunamente sus derechos, puede dar lugar a consecuencias incompatibles con los valores constitucionales, entre ellas, la falta de respeto y el menoscabo de la dignidad de la persona (artículo 21, apartado 1, de la Constitución de la Federación de Rusia, entre otros). Esta circunstancia puede constituir un factor adicional a favor de que la vivienda controvertida permanezca en posesión de la persona que la posee de hecho. Esto reviste especial importancia cuando la cuestión de la buena fe se refiere a un poseedor por prescripción que mantenía vínculos familiares o de parentesco con el propietario o con otra persona facultada para poseer la vivienda, siempre que la entrada de la persona en ella, la concesión de acceso irrestricto, etc., obedecieran a la voluntad de dicha persona.

3.6. En la práctica de aplicación del Derecho se observa un criterio según el cual, mediante la adquisición por usucapión, solo puede reconocerse el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles de propiedad privada; los bienes pertenecientes al dominio público, en cambio, se adquieren o se conceden en el procedimiento establecido por la ley (resolución del Tercer Tribunal de Casación de Jurisdicción General de 1 de octubre de 2024 en el asunto n.º 88-19702/2024, resolución de apelación de la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Municipal de San Petersburgo de 1 de febrero de 2024 en el asunto n.º 33-1725/2024, entre otras). Sin embargo, en su Sentencia de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-P, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia indicó expresamente que limitar la adquisición por prescripción adquisitiva de bienes inmuebles de propiedad estatal (municipal) coloca a los particulares en una situación manifiestamente desfavorable frente a las entidades de Derecho público, lo cual vulnera el principio de igualdad de los sujetos de Derecho civil (apartado 1 del artículo 2 y apartado 4 del artículo 212 del Código Civil de la Federación de Rusia) y contradice los artículos 8 (apartado 2) y 19 (apartado 1) de la Constitución de la Federación de Rusia.

Una interpretación distinta del apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia respecto de las viviendas dificulta el logro de los fines constitucionalmente relevantes del instituto de la adquisición por usucapión y coloca en una situación de incertidumbre a las personas interesadas que se atienen a las posiciones jurídicas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, de aplicación obligatoria, menoscabando la confianza en la ley y en la actuación del Estado. Ello contradice los preceptos constitucionales, incluidas las garantías de protección efectiva por parte del Estado —y, ante todo, por los tribunales— de los derechos y libertades.

4. Como ya se ha señalado, los criterios (requisitos) establecidos por la ley para adquirir el derecho de propiedad por prescripción adquisitiva, sin sustituirse entre sí, están estrechamente relacionados; por ello, las circunstancias de hecho que se establezcan y evalúen en relación con ellos pueden influir en la conclusión sobre el cumplimiento del requisito de buena fe. Esta relación y su influencia pueden ser más intensas en el caso de las viviendas, cuya posesión y uso adecuados son importantes para la sociedad, habida cuenta de la elevada demanda de este recurso como una de las condiciones para un crecimiento económico sostenible y el aumento del bienestar de los ciudadanos, la garantía de protección de la dignidad de la persona y el logro de otros fines enunciados en la Constitución de la Federación de Rusia (preámbulo, artículo 75¹, entre otros), así como de la persistente falta de acceso generalizado a la vivienda.

4.1. El apartado 15 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia «Sobre algunas cuestiones que surgen en la práctica judicial al resolver litigios relacionados con la protección del derecho de propiedad y de otros derechos reales» señala que la posesión de un bien como propio no se ejerce en virtud de un contrato y que, por este motivo, queda excluida la aplicación del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia en los casos de posesión de un bien en virtud de obligaciones contractuales (arrendamiento, depósito, uso gratuito, etc.). En su Sentencia de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-P, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia observó que, conforme a la práctica de aplicación del Derecho establecida, esta aclaración se refiere a los casos en que una persona reconoce el poder de otra persona (el propietario) sobre la cosa y solo la posee temporalmente, es decir, no la posee «como propia». También indicó que, en el caso de quien adquiere la posesión de una cosa en virtud de un contrato, falta el criterio de posesión «como propia» únicamente cuando esa persona ejerce, de conformidad con el contrato, una posesión temporal derivada.

Al mismo tiempo, en la práctica de aplicación del Derecho, como ilustra también el asunto concreto de O. K. Ivankova, se observa otro criterio para interpretar este requisito. Así, los tribunales concluyeron que la posesión de la demandante no cumplía dicho requisito, basándose en que el propietario del apartamento no había renunciado a su derecho. Sin embargo, el criterio de posesión «como propio» no sustituye a los demás criterios de la posesión por prescripción, sino que tiene un contenido autónomo.

De las posiciones jurídicas expuestas del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia, así como de la posición formulada en resoluciones dictadas en asuntos concretos por la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, según la cual poseer una cosa como propia significa poseerla en lugar del propietario (resoluciones de 28 de julio de 2015 n.º 41-КГ15-16, de 2 de junio de 2020 n.º 4-КГ20-16, de 26 de septiembre de 2023 n.º 127-КГ23-13-К4, entre otras), se desprende que, al aplicar este criterio, debe evaluarse la relación de hecho del poseedor por prescripción con la cosa y determinarse si reconoce el poder de alguien sobre ella, si actúa respecto de ella exclusivamente según su propio criterio y si realiza actos que habitualmente corresponden al propietario.

La posesión de un bien como propio no equivale a la buena fe en la posesión, pues cabe tanto una posesión de buena fe «no como propia» (por ejemplo, la del arrendatario en virtud de un contrato) como una posesión de mala fe «como propia» (por ejemplo, la de quien ha sustraído una cosa). La falta de derecho de propiedad del poseedor por prescripción sobre la cosa y su conocimiento de esta circunstancia durante el transcurso del plazo de prescripción tampoco desvirtúan la posesión «como propia», máxime cuando, como señaló el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en su Sentencia de 26 de noviembre de 2020 n.º 48-P, no se exige que la persona interesada se considere propietaria ni siquiera al adquirir la posesión.

El ordenamiento jurídico espera tal conducta de quien tiene motivos para ser consciente de su poder (control) sobre el bien, unido a una actitud responsable hacia el bien que posee, cuidándolo y protegiendo sus intereses (protegiéndolo de posibles efectos negativos, identificándose y presentándose como la persona facultada para obtener del bien sus utilidades —usarlo, etc.—), lo que también puede dar testimonio de su buena fe. Al mismo tiempo, no toda conducta relacionada con el uso del bien y su cuidado, entre otros aspectos, puede considerarse de buena fe, sino aquella que normalmente cabe esperar, en circunstancias comparables, dentro de la comunidad pertinente, de una persona cuyo título de posesión no suscita dudas en los demás.

4.2. La continuidad de la posesión como titular por prescripción, en el sentido que le atribuye el apartado 15 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia «Sobre algunas cuestiones que surgen en la práctica judicial al resolver controversias relacionadas con la protección del derecho de propiedad y otros derechos reales», significa que dicha posesión no se ha interrumpido durante todo el plazo de prescripción adquisitiva; la entrega por el poseedor como titular por prescripción del bien a otra persona para su posesión temporal, siempre que conserve respecto del bien una actitud «como si fuera suyo», no interrumpe la posesión como titular por prescripción.

De ello se desprende que la posesión se considera continua durante todo el período en que se mantenga el dominio del poseedor como titular por prescripción sobre el bien (cosa), mientras este sea la persona que determina efectivamente el destino ulterior de dicho bien y los demás participantes en el tráfico jurídico lo reconozcan en esa condición. Por consiguiente, la categoría «continuidad de la posesión» no equivale, por su contenido, a la continuidad del uso del bien conforme a su destino, como señaló la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia en su resolución de 10 de marzo de 2020, n.º 84-КГ20-1. En la misma resolución se indicó que la falta de uso periódico del bien conforme a su destino (la explotación de sus utilidades) no significa por sí sola que la cosa haya salido efectivamente de la posesión del usuario, pues la facultad de poseer un bien y la facultad de usarlo son categorías distintas.

La continuidad de la posesión, así como su carácter público durante el prolongado período establecido por la ley, características predominantemente objetivas y susceptibles de prueba, contribuyen a afianzar en otras personas potencialmente interesadas en utilizar el mismo bien la convicción de que este pertenece a una persona determinada, y a formar en ellas la opinión de que quien posee el bien «como si fuera suyo», de forma continua y pública, es un miembro de buena fe de la sociedad al que justamente debe reconocerse la propiedad por prescripción adquisitiva. El carácter público de la posesión, por ejemplo, tiene en cuenta los intereses de otras personas y puede influir en la conclusión sobre la buena fe de la posesión, ya que, entre otras cosas, permite a quienes pretendan utilizar el bien, incluido el propietario, identificar al demandado adecuado y comunicarle sus pretensiones. En las relaciones examinadas, ello no puede dejar de influir en el equilibrio de valores de relevancia constitucional, como la paz y la concordia civiles, la estabilidad del tráfico jurídico civil, la colaboración social, entre otros. La concurrencia de los criterios mencionados, que influyen en la valoración de la buena fe del poseedor como titular por prescripción y de la justicia de reconocer como legítimo y, por tanto, protegido su interés en transformar la posesión como titular por prescripción en un derecho de propiedad, resulta más evidente para terceros cuando quien posee una vivienda (apartamento) cumpliendo dichos criterios es un ciudadano miembro de la familia del propietario fallecido, máxime si se instaló en el apartamento legalmente, con el consentimiento de este, y residió anteriormente en él junto con él.

5. El incumplimiento de los criterios de posesión establecidos por la ley implica que no existe un fundamento legítimo para que el poseedor adquiera el derecho de propiedad. A este respecto, como señaló el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia en su Sentencia de 26 de noviembre de 2020, n.º 48-П, no puede dejarse de tener en cuenta que, en los casos de posesión como titular por prescripción, es prácticamente inevitable que el propietario del bien deje transcurrir el plazo de prescripción para reclamarlo al poseedor. El hecho de que la persona que posee efectivamente el bien sin título no reúna los criterios de posesión como titular por prescripción no la priva del derecho a invocar que el propietario ha dejado transcurrir el plazo de prescripción para interponer una acción de recuperación del bien.

En una situación en la que el poseedor efectivo de la cosa no puede convertirse en propietario y su verdadero propietario no puede recuperar legalmente la posesión, se aplaza por tiempo indeterminado la reincorporación adecuada del bien al tráfico jurídico civil, aunque dicho período puede superar considerablemente el plazo de prescripción adquisitiva previsto en el artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia.

En algunos ordenamientos jurídicos extranjeros, el problema señalado se ha resuelto estableciendo un plazo ampliado de posesión ilícita, cuyo vencimiento constituye fundamento suficiente para adquirir el derecho de propiedad sobre la cosa controvertida, incluso con independencia de que se cumpla o no el criterio de buena fe. Por ejemplo, los Principios Modelo del Derecho Privado Europeo establecen que quien posee bienes muebles como propios adquiere el derecho de propiedad mediante la posesión continua durante 10 años, siempre que haya poseído de buena fe durante todo ese plazo, o durante 30 años (VIII.–4:101); el Código Civil y Comercial de la República Argentina establece un plazo breve de prescripción adquisitiva de diez años, aplicable a la posesión de buena fe, y un plazo de veinte años para que el poseedor de mala fe adquiera el derecho de propiedad por prescripción (artículos 1898 y 1899), etc.

La regulación jurídica vigente en Rusia no ha acogido este enfoque, por lo que la cuestión señalada carece de una solución directa, lo que en determinados casos impide que la institución de la prescripción adquisitiva, de especial relevancia en las condiciones actuales para determinar los derechos sobre apartamentos y otras viviendas, cumpla su finalidad constitucional.

De los materiales de la práctica de aplicación del Derecho —teniendo en cuenta el caso concreto de O.K. Ivankova— se desprende que, en la mayoría de los casos, a menudo caracterizados por una gran diversidad de circunstancias fácticas, el obstáculo para reconocer el derecho de propiedad sobre un apartamento (u otra vivienda) por prescripción adquisitiva son las dificultades que surgen al valorar la buena fe de la posesión, tanto en el momento de adquirir la posesión de dicho bien como durante su posesión posterior.

Las posiciones jurídicas basadas en el sentido constitucional de la disposición impugnada y expresadas en la presente Sentencia se aplican tanto a los apartamentos como a otras viviendas y, además, no excluyen la facultad del legislador federal —teniendo en cuenta la presente Sentencia, las exigencias de una conveniencia constitucionalmente justificada y el estado de las relaciones sociales en las condiciones históricas concretas que determinan la necesidad de una mayor protección de determinados derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, y garantizando al mismo tiempo la proporcionalidad de las consecuencias (tanto positivas como negativas) respecto de los valores protegidos por la ley, con observancia de los principios constitucionales de igualdad y justicia— de precisar el contenido del concepto de buena fe a efectos de la posesión prescriptiva de bienes, incluidos los apartamentos y otras viviendas.

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con los artículos 6, 471, 71, 72, 74, 75, 78, 79 y 100 de la Ley Constitucional Federal «Sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia», el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia

Fundamentación del Tribunal Constitucional

1. Declara que el apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia no es contrario a la Constitución de la Federación de Rusia, puesto que, conforme a su sentido constitucional, no puede interpretarse como excluyente del reconocimiento de la buena fe de un ciudadano que era miembro de la familia del propietario fallecido de un apartamento y que, con conocimiento de este último, obtuvo el derecho a utilizarlo, cuando el apartamento pasó a ser propiedad de una entidad de Derecho público como bien hereditario vacante, al resolver la cuestión de si dicho ciudadano adquirió el derecho de propiedad sobre el apartamento por prescripción adquisitiva, por el solo hecho de que el ciudadano supiera que carecía de título para poseer el apartamento y que este había pasado a ser propiedad de una entidad de Derecho público como bien hereditario vacante; asimismo, la disposición legal en cuestión presupone que la posesión posterior del apartamento por dicho ciudadano, conforme a la conducta que normalmente cabe esperar del propietario de una vivienda, tenga en cuenta los derechos e intereses legítimos de otras personas.

Atribuir al apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia un sentido distinto, como ocurrió en el caso de la solicitante, daría lugar a la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos y sería contrario a los artículos 8 (apartado 2), 17 (apartado 3), 19 (apartados 1 y 2), 21 (apartado 1), 35 (apartados 1 y 2), 40 (apartado 1), 46 (apartado 1), 55 (apartado 3) y 751 de la Constitución de la Federación de Rusia.

2. El sentido constitucional del apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia, establecido en la presente Sentencia, es de obligado cumplimiento general, lo que excluye cualquier otra interpretación en la práctica de aplicación del Derecho.

3. Las resoluciones judiciales dictadas en el asunto en el que participó la ciudadana Olga Konstantinovna Ivankova sobre la base del apartado 1 del artículo 234 del Código Civil de la Federación de Rusia, interpretado de manera divergente respecto de su sentido constitucional establecido en la presente Sentencia, deberán ser revisadas conforme al procedimiento establecido.

4. La presente Sentencia es definitiva, no puede ser recurrida, entra en vigor el día de su publicación oficial, tiene efecto directo y no requiere confirmación por otros órganos ni funcionarios.

5. La presente Sentencia deberá publicarse sin demora en «Rossiyskaya Gazeta», en la «Recopilación de la Legislación de la Federación de Rusia» y en el «Portal Oficial de Información Jurídica» (www.pravo.gov.ru).

Tribunal Constitucional

de la Federación de Rusia

N.º 35-P

Otras partes de la resolución

Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 28.05.2026 n.º 35-P